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Del oro al abandono

Categoría: Pesquisa Publicado: Lunes, 10 Agosto 2015

Por José María Costa

De 18 emprendimientos mineros en el 2002 a 614 en el 2011, de 135 mil metros cuadrados de exploración a 1.031.600 metros cuadrados en igual período: en la Argentina el siglo XXI arrancó con una verdadera “década minera” donde los crecimientos fueron exponenciales y las críticas y quejas por la falta de reglas claras y controles ambientales dominaron la escena en torno de una de las actividades productivas más rentables y riesgosas.

Mientras la gran mayoría de estos emprendimientos atraviesan la primera mitad de su periodo de vida (se calculan en promedio 30 años), en Marabunta recordamos aquellos minas que precedieron a las actuales y que, a su paso dejaron pueblos fantasmas, vacío y, lo que más preocupa, daños ambientales irreversibles.

Las falta de una legislación unificada y actualizada (la ley marco fue aprobada y modificada con posterioridad a la firma de los acuerdos mineros de la década menemista) llevó a que cada empresa firme un acuerdo particular con los estados provinciales sobre la fase final de la mina una vez que se haya extraído todo el material precioso disponible.

“La actividad va en una Ferrari, las leyes en un 408“, explica a Marabunta, el profesor Julio Videla, ingeniero en minería que trabaja en la Universidad de San Juan quien defiende la actividad en el país aunque reconoce los problemas en torno a la legislación.

El docente y consultor sobre el tema justifica: “Antes no se tenía en cuenta el post cierre de la mina, ni los pasivos ambientales. Pero en la actualidad, las autoridades tienen planes para ir erradicando los pasivos ambientales”.

 

“Se mezclan marcos jurídicos y no se piensa en el bien común”

“El daño ambiental que se puede haber hecho ya con minera La Alumbrera surge de las fallas que hay en los convenios que firmaron los gobiernos provinciales con las empresas donde no se incluyó a las comunidades para que realicen el control”, explica a Marabunta Ramón Arias, ambientalista tucumano que sigue el desarrollo de una de las minas a cielo abierto más grande del continente desde sus orígenes en la década del `90.

Arias pone la lupa en otro aspecto: “Queremos saber cómo se hará este cierre de mina y si está programado. Sobre todo por el mineraloducto de 270 kilómetros que pasa por ríos y arroyos que desembocan en la cuenca Salí- Dulce y del que se habla poco”.

Dentro de los problemas que enfrenten en la actualidad los ambientalistas se encuentran las disposiciones provinciales que no están unificadas: “Se mezclan marcos jurídicos de cada provincia y no se piensa en el bien común. Por ejemplo la explotación de la mina está en Catamarca pero el DP2 (canal de descarga de la mina) se da sobre la cuenca Salí-Dulce”.

De la teoría a la prática

Como en otras áreas de la legislación Argentina, el papel dice una cosa que no se condice con la práctica, según remarcan los ambientalistas, mientras que los técnicos explican que las herramientas legales existen. Arias remarca: “No estamos en contra de la minería, pero queremos que se haga bien. Lo que queremos es poder participar en el proceso de cierre que está en manos de Catamarca”.

“La empresa va dejando actividades productivas. Para prolongar la vida de la mina sin la mina. Se planifican el cierre de minas con la comunidad, las autoridades y respetando pautas jurídicas nacionales. Hay pautas generales. Sostenibilidad en el tiempo y sustentabilidad”, contrapone el ingeniero Videla.

En tanto, Arias grafica: “Nosotros somos unos de los mentores para que en Tucumán no haya minería, sin embargo nos metieron el mineraloducto y hay un manejo poco serio de los autoridades municipales y provinciales de los riesgos que nosotros fuimos aprendiendo en el proceso”.

El interrogante sigue abierto. Sólo el tiempo nos dirá si habrá pasivos ambientales en el futuro y quién se hará cargo.

Infografías: Secretaría de Minería de la Nación

Foto: Minera La Alumbrera

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