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La Audiencia publica mostró las demoras e incumplimiento de las obras de saneamiento del Riachuelo

Categoría: Noticias del Día Publicado: Jueves, 01 Diciembre 2016

La audiencia pública convocada por la Corte Suprema por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que afecta a unos 7.000.000 de personas en la región metropolitana de Buenos Aires, mostró hoy un alto grado de incumplimiento y demoras en las obras.

El debate tuvo una primera sección expositiva de las partes y una segunda donde los ministros del máximo tribunal formularon preguntas a los representantes del Estado Nacional, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y la empresa estatal AySA.

La mayoría de las preguntas que formularon los jueces recibieron como respuesta la imposibilidad de dar precisiones sobre cantidad de personas afectadas por la contaminación en la cuenca, cumplimiento de plazos comprometidos, proyección de obras a futuro e indicadores.

La audiencia pública se realizó en el cuarto piso del Palacio de Justicia y fue presidida por los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El Gobierno acional estuvo representado por el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, y el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, quienes delegaron en funcionarios técnicos las respuestas al tribunal.

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En tanto, la administración bonaerense estuvo representada por el fiscal de Estado Hernán Gómez y el gobierno porteño por el procurador Gabriel Astarloa. "Si no podemos establecer un diálogo con quien pueda responder las preguntas, es difícil hacer un seguimiento del cumplimiento del fallo", advirtió Rosatti, ante las escasas precisiones de los interlocutores.

En este sentido, Gabriela Seijo, de la Acumar, intentó excusarse del interrogatorio al afirmar que "el panorama que encontró la actual gestión fue desolador".

Carlos Valdez, de la Auditoria General de la Nación (AGN), detalló las "falencias" que impiden evaluar el cumplimiento del plan integral de saneamiento ambiental al que se comprometió la Acumar, entre ellas un presupuesto con "deficiencias", plazos vencidos y costos de hasta "un 134 por ciento" por encima de los originales.

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En tanto, un representante de las ONGs que intervienen en la Causa Mendoza denunció un control "deficitario" de la contaminación de la cuenca hídrica por parte de la Acumar.

El momento de mayor tensión se vivió por la mañana, cuando un grupo de vecinos del camino de sirga de la Villa 21-24 de Barracas rechazó al grito de "mentirosos" las exposiciones de funcionarios nacionales y porteños.

Los vecinos replicaron a los funcionarios, al advertir que el "25 por ciento de los niños de la zona tiene plomo en la sangre" y asegurar que todavía más de un millar de familias esperan su relocalización, y luego fueron desalojados de la sala por Lorenzetti.

Una encuesta realizada en 2010 por el ministerio de Salud reveló que la mitad de las 7.000.000 de personas que viven cerca de la cuenca padece alguna situación ambiental de riesgo, como deficiencias en el abastecimiento de agua, cloacas o disposición de residuos.En este contexto, la Defensoría del Pueblo porteño reclamó hoy que comiencen de manera urgente las tareas de saneamiento de la Cuenca del Arroyo Medrano, donde el problema recurrente de las inundaciones y anegamientos resulta agravado por la contaminación que afecta a sus aguas.

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El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo fue requerido el 8 de julio de 2008 por la Corte Suprema a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, en el marco de la Causa Mendoza por daños ambientales presentada el 20 de junio de 2006, y se designó a un juzgado federal para el seguimiento de ese objetivo.

La Acumar presentó en 2010 el primer Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca, actualizado en julio de 2016 por la actual gestión.

Desde 2008, la Corte Suprema de Justicia realizó varias audiencias públicas en las que recibió informes de la Acumar sobre los trabajos para el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, mientras la justicia procesó y embargó a empresas por arrojar residuos en la zona.

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